Junto al Presupuesto 2026, el Senado de la Nación tratará hoy la ley de Inocencia Fiscal propuesta por el Poder Ejecutivo, una iniciativa que podría convertirse en ley antes de fin de año. El proyecto introduce modificaciones clave en materia penal tributaria y crea un régimen que, según el Gobierno, ofrecerá un "blindaje para siempre" a los contribuyentes que se adhieran.

La norma modifica el Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y el Código Civil y Comercial de la Nación. Su eje central es la creación de un "Régimen simplificado de Ganancias", al cual podrán acogerse personas con un patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos.

Los beneficios del "blindaje" fiscal

Los contribuyentes que ingresen a este régimen quedarán exentos de informar sobre variaciones patrimoniales y no serán controlados por la AFIP respecto de sus consumos. El organismo recaudador les cobrará el impuesto a las Ganancias únicamente sobre los ingresos facturados, deduciendo de esa base los consumos realizados, sin indagar en el origen de los fondos para esos gastos.

El artículo 39 del proyecto "establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por AFIP y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos".

Cambios en el régimen penal y de prescripción

El proyecto relaja los umbrales para la configuración de delitos tributarios:

• Para que se considere "evasión simple", el monto debe superar los $100.000.000 (antes $1.500.000).

• Para que se tipifique como "evasión agravada", el piso se eleva a $1.000 millones de pesos (antes $15 millones).

Adicionalmente, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. La AFIP no iniciará acciones penales si el contribuyente cancela las deudas y sus intereses, beneficio que podrá utilizarse una sola vez por persona.

Si una denuncia aún no fue radicada, se extinguirá si el contribuyente paga las obligaciones más un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación.

Contrapartida: aumento de sanciones administrativas

Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales en varios aspectos, establece un aumento en los montos de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera del plazo establecido. Este punto busca compensar, desde la órbita administrativa, la mayor flexibilidad otorgada en el ámbito penal.