El Poder Legislativo provincial se apresta a debatir este jueves el proyecto de Presupuesto para el año 2026, un paquete de gastos que ronda los cinco billones de pesos y proyecta un superávit fiscal de 708 millones de pesos. El tratamiento llegará al recinto con dictámenes contrapuestos y modificaciones introducidas por el oficialismo, lo que anticipa un debate intenso.

La comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el justicialista Carlos Gallia, firmó la semana pasada el dictamen de mayoría, introduciendo cambios al texto original enviado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Daniel Abad. La modificación más relevante fue la eliminación del artículo que pretendía ajustar las transferencias a los poderes del Estado y organismos de control en función de la evolución de la recaudación, un mecanismo cuestionado por la oposición.

No obstante, el oficialismo mantuvo el artículo que permite trasladar excedentes financieros al ejercicio siguiente, una herramienta clave para la gestión fiscal.

En paralelo, el legislador opositor Claudio Viña, único representante de la minoría en la comisión, presentó un dictamen en minoría. Este propone limitar las modificaciones presupuestarias del Ejecutivo sin autorización legislativa, prohibir la toma de créditos por hasta 250 millones de dólares sin aprobación de la Cámara y restituir la plena vigencia de la Ley de Administración Financiera para el control del presupuesto de las 93 comunas.

Otros legisladores opositores, como Silvia Elías de Pérez y Manuel Courel, cuestionaron la falta de información detallada sobre la ejecución presupuestaria y sobre los fondos transferidos a municipios y comunas, señalando que el proyecto llega al debate “como un libro cerrado”.

Según el resumen distribuido por la presidencia de la comisión, varios organismos sufrirán una reducción en su participación porcentual del presupuesto total. Entre ellos figuran el Poder Judicial (pasa del 5,33% al 4,48%), el Ministerio Público Fiscal (del 1,17% al 1,05%), el Ministerio Pupilar (del 1,42% al 1,24%), Desarrollo Social (del 5,48% al 4,44%) y el Instituto Provincial de la Vivienda (del 3,26% al 1,36%). El Poder Legislativo verá reducido su peso del 3,94% al 3,69%.

En contrapartida, otras áreas aumentarán su participación: el Ministerio del Interior (del 1,16% al 1,98%), Economía y Producción (del 2,27% al 3,16%), Gobierno y Justicia (del 0,75% al 0,93%) y el Siprosa, que pasará del 15,94% al 17,42% del total.

El tratamiento se dará en el marco de una nueva prórroga de emergencias legislativas, una práctica habitual en los últimos años que, según el oficialismo, es imprescindible para la gestión en un escenario económico incierto, y que para la oposición profundiza la delegación de facultades.

Con dos dictámenes en mano y reclamos cruzados, la sesión de este jueves se perfila como una de las más relevantes del año legislativo en Tucumán.