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POLITICA

17 de noviembre de 2025

Proponen reparar a víctimas del fentanilo contaminado con pensiones vitalicias y subsidios

El diputado Eduardo Valdés presentó una iniciativa que establece una subvención equivalente a tres salarios mínimos para sobrevivientes y familiares de fallecidos. Incluye prestaciones de salud, reinserción educativa y un consejo de control con participación de afectados.

El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) presentó este lunes un proyecto de ley para establecer una reparación integral a víctimas sobrevivientes y familiares directos de fallecidos por la tragedia del fentanilo contaminado ocurrida meses atrás, que incluye una subvención económica equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles.

La iniciativa, que también cuenta con firmas del Frente de Izquierda, crea el "Programa de Reparación Integral a Familiares de Víctimas Fatales y Víctimas Sobrevivientes del Fentanilo Contaminado o Adulterado". Además del apoyo económico, comprende prestaciones de salud, asistencia social, reinserción educativa e inserción laboral para los afectados.

El proyecto establece una pensión vitalicia para hijos y cónyuges de las personas fallecidas, extendiéndose en el caso de los hijos hasta los 18 años –o hasta los 25 si estudian– y para los convivientes que acrediten al menos dos años de convivencia previa al fallecimiento. Para las víctimas sobrevivientes, la subvención estará disponible durante el tiempo que perdure la incapacidad laboral ocasionada por la intoxicación.

Valdés fundamentó la necesidad de la ley al señalar que "la inoperancia estatal y la negligencia privada dejaron una herida abierta en la sociedad argentina". El legislador afirmó que "el Estado tiene la obligación de asumir un compromiso social ante esta tragedia, brindando una respuesta integral a los familiares de las víctimas y a quienes sobrevivieron".

La norma encomienda al Ministerio de Capital Humano la implementación del programa y crea un Consejo de Control y Seguimiento integrado por familiares de víctimas, organizaciones no gubernamentales y organismos públicos para garantizar transparencia en su aplicación. La subvención no será incompatible con futuras indemnizaciones que pudieran obtenerse por vía judicial o extrajudicial.

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