El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal contra Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por la presunta comisión del delito de amenaza de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática. La presentación fue radicada ante la justicia federal por instrucción directa de la ministra Patricia Bullrich.

El eje de la denuncia se centra en declaraciones públicas realizadas por el dirigente sindical en el contexto del inminente envío al Congreso de un proyecto de ley de reforma laboral por parte del Gobierno Nacional. Según el escrito, presentado por Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, Aguiar expresó: “Lo quiero decir con total sinceridad... Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno”.

Estas palabras, pronunciadas durante un reportaje sobre la reforma laboral, fueron consideradas por el Ministerio de Seguridad como “una amenaza pública y deliberada” dirigida a afectar el ejercicio del mandato popular del presidente de la Nación. La denuncia sostiene que, al instar a “poner en crisis” al Gobierno, Aguiar estaría promoviendo una acción que podría encuadrarse en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal.

La ministra Bullrich se refirió al caso a través de sus redes sociales el domingo, calificando las declaraciones como “desestabilizadoras y golpistas”. El presidente Javier Milei replicó el mensaje de la ministra.

El texto de la denuncia remarca la gravedad de que tales manifestaciones provengan de quien ejerce la representación de los trabajadores estatales y subraya la amplia difusión que tuvieron los dichos, reproducidos en medios de comunicación y plataformas digitales como Instagram, X (antes Twitter) y TikTok.

En el documento, el funcionario argumenta que las expresiones de Aguiar resultan “altamente reprochables” y que, al instar a provocar una crisis institucional, se estaría afectando el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.

El Ministerio de Seguridad solicita a la Justicia Federal que se tenga por presentada la denuncia y que se inicie un sumario penal para investigar la posible comisión del delito de amenaza pública e idónea de atentar contra el Gobierno Nacional, con el objetivo de impedir el libre ejercicio de sus facultades constitucionales.