Luego de que la intendenta Rossana Chahla admitiera su disposición a actualizar la tarifa del transporte urbano, el Concejo Deliberante local comenzó a preparar el terreno para debatir un nuevo incremento del boleto. La última vez que los ediles trataron el tema fue en septiembre de 2024, cuando aprobaron una suba del 37,6% que llevó el pasaje de $690 a $950.

El presidente de la Comisión de Transporte, José María Franco, reconoció que la situación del sector "no es exclusiva de San Miguel de Tucumán" sino que forma parte de "un conflicto latente en todo el país". El edil peronista señaló que, pese a la desaceleración inflacionaria oficial, "en el caso del transporte los costos siguen creciendo muy por encima del promedio", lo que genera dificultades para mantener el servicio.

Impacto de las aplicaciones y visión metropolitana

Franco destacó que "el precio del transporte público en colectivo en San Miguel de Tucumán es uno de los más bajos del país", pero aclaró que "la relación entre costo y calidad no pasa tanto por el valor del boleto, sino por la cantidad de gente que dejó de utilizar el servicio debido al crecimiento de las aplicaciones digitales".

El concejal observó que la expansión de plataformas como Uber o DiDi también impacta en taxis y sistemas tradicionales. "Hoy tenemos conductores que vienen desde Lules, Banda del Río Salí o Tafí Viejo a trabajar en estas aplicaciones, porque el mayor movimiento se concentra en la capital. Eso perjudica tanto al transporte público como a los taxis legalmente habilitados", remarcó.

Franco consideró necesario "empezar a pensar el transporte desde una visión metropolitana" para lograr soluciones de fondo, ya que "el Gran Tucumán funciona en la práctica como una sola ciudad, aunque se administre como jurisdicciones separadas".

Propuestas en debate y regulación de aplicaciones

Consultado sobre el trasfondo político del reclamo empresarial, Franco lo descartó: "No creo que haya un componente político. Es un reclamo económico, de un sector que ve que el sistema de transporte, tal como está planteado, ya no va más".

Sobre la propuesta de AETAT de modificar el esquema de administración, el edil se mostró abierto: "Si el municipio asumiera la administración directa del transporte, con alquiler de vehículos y choferes a los que se les pague por kilómetro recorrido, no sería una mala idea. Le daría al municipio mayor control y orden en la gestión".

Adelantó que la Comisión de Transporte trabaja en un proyecto para regular las aplicaciones de viaje, que esperan discutir antes de fin de año. "Será una norma que contemple a todos los sectores: choferes de aplicaciones, taxistas y el Ejecutivo municipal. Buscamos una regulación moderna que brinde seguridad a los usuarios", explicó. De aprobarse, San Miguel de Tucumán se convertiría en "el primer distrito del país en contar con una legislación integral para las plataformas de transporte".