El Tribunal de Cuentas (TC) de la provincia intimó a la delegada comunal de Las Cejas, Cristina Mabel Contreras, para que, en un plazo perentorio de cinco días hábiles que vence a fines de esta semana, aclare si utilizó fondos públicos de manera irregular para la construcción de una vivienda de su propiedad.

La medida, formalizada a través del Acuerdo N° 4339 del 2 de octubre, surge de una denuncia presentada por el exsecretario de Transporte de la Capital, Enrique Romero. En ella, se acusa a Contreras y a su esposo, el excomisionado comunal Hugo Alfredo Lazarte, de presuntos delitos de peculado, malversación de fondos públicos, defraudación y administración fraudulenta.

El organismo de control detalló que la denuncia asegura que se habrían adquirido materiales de construcción con fondos de la comuna para edificar una casa en El Cadillal, propiedad de la familia de la delegada. Como prueba, Romero aportó facturas de proveedores como EMI, Bulonería Martínez, Tincani Bruno y Pinturería Roca, por un monto total que supera el millón y medio de pesos, emitidas entre agosto y septiembre de 2024.

Tras una inspección in situ el 11 de agosto de 2025, el TC constató oficialmente que estas facturas denunciadas no fueron incluidas en las rendiciones de cuentas de los bimestres 4° y 5° de 2024. En una presentación, Contreras negó que las compras se realizaran con fondos comunales y afirmó no saber por qué las facturas figuran a nombre de la institución, asegurando que no serán incorporadas en ninguna rendición. Sin embargo, funcionarios del Tribunal se presentaron en los domicilios de los proveedores, quienes reconocieron como legítimos los comprobantes.

Intimación a la secretaria habilitada

En un hecho paralelo, mediante el Acuerdo N° 4368 del 3 de octubre, el TC también intimó a la Comuna de Las Cejas para que se presente la secretaria habilitada, María Emilia Sánchez Jesús. La funcionaria, quien asumió el 8 de julio de 2025 y recibió a los revisores contables en agosto, no ha cumplido con la obligación de presentar su declaración jurada de bienes, por lo que se le dio un plazo de 48 horas para regularizar su situación.

Pedido de intervención y causa judicial

Frente a estos hechos, el Frente Unidos por Tucumán, que lidera el radical Roberto Sánchez, solicitó formalmente este lunes ante la Legislatura que se avance con la intervención de la Comuna Rural de Las Cejas. La oposición argumenta la necesidad de apartar a Contreras del cargo mientras cursa la investigación penal, ya que su permanencia, sostienen, dificulta la búsqueda de pruebas.

El caso permanece abierto en el Tribunal de Cuentas y avanza en forma paralela en sede judicial, donde se investiga la existencia de posibles delitos contra la administración pública.