En una sesión unánime presidida por Fernando Juri, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán sancionó la primera etapa del Digesto Jurídico municipal, autorizando la depuración de aproximadamente 700 ordenanzas correspondientes al período de la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983).

Este proceso de "higiene legislativa" se ejecuta mediante dos mecanismos: la derogación expresa de ordenanzas y la declaración de caducidad para aquellas normas que han cumplido el objetivo para el que fueron creadas. La medida fue el resultado del trabajo de la comisión especial de Digesto Jurídico, integrada por concejales de distintos bloques.

El concejal Gustavo Cobos (UCR), presidente de la comisión, explicó la elección del período fundada en una razón técnica: durante la dictadura se reinició la numeración de las ordenanzas. "El 30 de marzo, con la firma de un interventor militar, se dicta la ordenanza 1, cuando el 19 de marzo de 1973 la anterior era la 663", detalló. Según sus declaraciones, el 72% de las ordenanzas de ese lapso fueron caducadas o derogadas.

Consenso unánime y apoyo transversal

El trabajo de la comisión, también integrada por Alfredo Terán (Fuerza Republicana), Ana González (Partido por la Justicia Social) y Federico Romano Norri (UCR), recibió el aval unánime del cuerpo deliberativo.

Durante la sesión, valoraron la tarea los concejales Emiliano Vargas Aignasse, Ernesto Nagle, Carlos Arnedo y Gonzalo Sebastián Carrillo Leito, entre otros, marcando un amplio consenso político en torno a la iniciativa de ordenamiento y modernización del marco normativo municipal.