El Poder Ejecutivo Nacional vetó en su totalidad el Proyecto de Ley Nº 27.795, que establecía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y la recomposición salarial de docentes y no docentes. La medida fue formalizada mediante el Decreto 647/2025, publicado en el Boletín Oficial el miércoles 10 de septiembre.

El veto constituye un rechazo formal a la iniciativa que había sido sancionada por el Congreso de la Nación el pasado 21 de agosto. La decisión se enmarca en un contexto de discusión sobre el presupuesto destinado al sector universitario.

El proyecto de ley vetado, denominado de "Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente", tenía como objeto declarado “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA”.

Entre sus puntos centrales, la norma determinaba que el Poder Ejecutivo Nacional debía definir partidas presupuestarias específicas dentro del programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” para una serie de fines. Estos incluían afianzar el ingreso y la permanencia de los estudiantes, garantizar la formación continua, asegurar las condiciones laborales y salariales del personal, incrementar recursos para tecnología digital, ampliar la oferta de carreras, promover la extensión universitaria, desarrollar la investigación, prever el mantenimiento de infraestructura y equipamiento, impulsar la internacionalización inclusiva y asegurar programas de bienestar estudiantil con mayor inversión en becas.

Adicionalmente, el proyecto encomendaba al Poder Ejecutivo Nacional actualizar al 1 de enero de 2025 el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, utilizando para ello la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024.

La objeción total al proyecto de ley fue fundamentada por el Gobierno en la necesidad de mantener el control sobre el gasto público y preservar las facultades del Poder Ejecutivo en la administración de los recursos del Estado.