Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 8/3, el gobernador Osvaldo Jaldo, con el aval de su gabinete, dispuso una reestructuración orgánico-funcional de la administración pública provincial. La medida, que modifica la Ley de Ministerios N° 8450, fue elevada a la Legislatura y tiene como objetivo declarado optimizar la gestión estatal y responder con mayor eficacia a las demandas ciudadanas.

El cambio central de la reforma es la reconversión del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, que pasará a denominarse Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público. Esta nueva cartera absorberá la gestión del Transporte Público, un área que hasta la fecha dependía de la Secretaría de Estado de Transporte y Seguridad Vial. El decreto fundamenta la medida en la necesidad de lograr una mayor efectividad en las acciones del Estado y contribuir a satisfacer las demandas de la población de forma oportuna.

En paralelo, se estableció que el Ministerio de Economía y Producción, a cargo de Daniel Abad, actuará como nexo funcional entre el Poder Ejecutivo y organismos estratégicos como el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos (ERSEPT) y la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). La reestructuración también dispone que la Secretaría de Estado de Obras Públicas, bajo la órbita del nuevo ministerio, asumirá la vinculación funcional con el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SePAPyS).

El decreto asegura que todos los convenios y programas en ejecución serán transferidos a las nuevas áreas de competencia correspondientes, garantizando la continuidad de las políticas públicas. La decisión se ampara en las facultades conferidas por la Constitución Provincial para dictar DNUs ante la necesidad de resolver con urgencia las situaciones planteadas.