Las pericias al teléfono celular de Luis Alejandro Ontiveros se han erigido como el eje central de una investigación que conmociona al fuero federal. Los resultados determinarán si el fiscal Agustín Chit solicita su declaración indagatoria por un presunto ofrecimiento de un fallo favorable a cambio de 100.000 dólares, o si, como sostiene la defensa, se confirma que se trata de una “causa armada”.

La pesquisa se inició tras la denuncia de José Alberto Martínez Salazar Pérez, quien afirmó que Ontiveros —identificado como sobrino del camarista federal Mario Leal— le habría solicitado ese dinero para garantizar una sentencia beneficiosa para su hijo, investigado por estafas piramidales en Catamarca. El denunciante alegó que Ontiveros mencionó que su pareja, la relatora de Leal y candidata a jueza Solana Esther Casella, “tenía el tema para resolver”.

Ambos involucrados desmintieron categóricamente los hechos. Casella aclaró que durante el trámite de la causa en cuestión se encontraba de licencia por maternidad, lo que imposibilitaba su intervención, y calificó la acusación de carecer de toda prueba. Ontiveros y su defensa tildaron la denuncia de un “montaje mediático”, destacando que el fallo fue resuelto por unanimidad por cinco jueces.

El fiscal Chit avanza en la verificación de los vínculos. Logró documentar que Ontiveros utilizó un vehículo oficial de la Corte Suprema asignado a la vocalía de Leal para asistir a una reunión, además de otros nexos académicos y operativos. El juez federal José Manuel Díaz Vélez deberá ahora resolver las nulidades planteadas por la defensa antes de autorizar el análisis de los mensajes del teléfono, que se realizará mediante una lista de palabras clave consensuada.