La relatora de la Cámara Federal de Tucumán, Solana Casella, se defendió con firmeza de las acusaciones que la vinculan a una investigación por presunto tráfico de influencias, calificándolas como parte de una "operación" para dañar su reputación. La letrada, que compite por el cargo de jueza federal N°1, afirmó que no existe “ni una sola prueba” que la relacione con los delitos investigados y que su nombre solo aparece por la declaración del denunciante.

Casella aclaró que su pareja, Luis Alejandro Ontiveros —el principal imputado—, “nunca pronunció” su nombre ni actuó en su representación. Sostuvo que jamás tuvo contacto con el denunciante, Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, ni con su hijo, y destacó que durante el período clave de los hechos estuvo de licencia por maternidad, lo que prueba su “no participación” de manera “definitiva y contundente”.

La profesional negó ejercer un "rol clave" en el tribunal, explicando que su función de relatora equivale a la de un jefe de despacho. Cuestionó enérgicamente la inclusión en la causa de fotos personales suyas y de sus hijas menores, un acto que consideró “violencia de género” destinado a perjudicar su imagen pública de manera gratuita.

Para concluir, Casella enumeró sus credenciales académicas en prestigiosas universidades del país y el exterior y reveló que ya presentó una denuncia por falsa acusación. Advirtió que el objetivo final de la maniobra podría ser impugnar la sentencia que procesó al hijo del denunciante, utilizando su nombre y trayectoria como moneda de cambio.