El gobierno israelí ordenó el cierre temporal de su embajada en Buenos Aires y otras sedes diplomáticas en el mundo, como medida de seguridad preventiva tras el ataque militar contra Irán. Fuentes diplomáticas israelíes aclararon que la decisión responde a un protocolo global y no a una amenaza específica en Argentina. La medida coincide con el regreso del presidente Javier Milei de su visita oficial a Jerusalén, donde reiteró su apoyo al primer ministro Benjamín Netanyahu.

Durante su gira, Milei fue condecorado con el Premio Génesis —equivalente al "Nobel judío"— y afirmó que "Israel no está solo, cuenta con Argentina". El mandatario ratificó además su intención de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, en línea con su política de alineamiento estratégico con Estados Unidos e Israel. El embajador israelí Eyal Sela, actualmente en su país, declaró que Irán estaba cerca de "cumplir su programa de aniquilación" y defendió la postura israelí como un resguardo para Occidente.

Ante el aumento de tensiones, el gobierno argentino reforzó los protocolos de seguridad en instituciones vinculadas a la comunidad judía. Las autoridades buscan prevenir eventuales represalias tras el explícito respaldo de Milei a Israel, primero durante la ofensiva en Gaza y ahora tras el ataque a Irán. Argentina mantiene una sensibilidad particular por los atentados a la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994), atribuidos a Hezbollah con apoyo iraní.

Los ataques de 1992 y 1994 —que dejaron 22 y 85 víctimas mortales respectivamente— siguen impunes, aunque existen órdenes de captura contra exfuncionarios iraníes. Este historial incrementa la preocupación ante posibles acciones de grupos proxys vinculados a Teherán, especialmente tras las recientes declaraciones del presidente argentino.

El cierre de la embajada israelí en Buenos Aires se enmarca en un escenario de escalada geopolítica, donde Argentina asume un rol activo como aliado de Israel. Mientras las sedes diplomáticas permanecen cerradas por tiempo indefinido, el gobierno local monitorea posibles riesgos para la seguridad interna.