El Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, trabaja contra reloj para definir dónde alojaría a Cristina Kirchner en caso de que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) rechace su pedido de prisión domiciliaria. El juez Jorge Gorini dio 24 horas a Bullrich para asignar una dependencia federal que cumpla con "condiciones adecuadas", considerando el perfil de la expresidenta: su edad (72 años), su seguridad —por el atentado de 2022— y su historial como mandataria. Entre las opciones evaluadas figuran la Alcaidía de Mujeres en Palermo o un establecimiento de Gendarmería en Retiro, cerca de Comodoro Py.

Sin embargo, fuentes judiciales consideran "altamente probable" que el TOF 2 convalide el arresto domiciliario solicitado por los abogados de Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy. La expresidenta pidió cumplir la condena en su departamento de San José 1111, donde ayer saludó a simpatizantes. De no obtenerse esa autorización antes de que venza el plazo de cinco días hábiles para presentarse, debería pasar un tiempo en una unidad penitenciaria.

La pulseada política

Gregorio Dalbón, abogado de Kirchner y vocero del caso, desestimó el rol de Bullrich: "La situación depende exclusivamente del TOF 2. La ministra no tiene competencia para inmiscuirse en el Poder Judicial". En declaraciones a Infobae, tildó a Bullrich de "represora" y recordó sus polémicas campañas con consignas anti-K. Dalbón, actualmente en La Haya denunciando una "persecución política", adelantó que recurrirá también a la CIDH en Washington.

Contexto inflamable

La tensión judicial coincide con una jornada de protestas sociales en Buenos Aires. La Marcha de Jubilados, que hoy suma a gremios y organizaciones políticas, podría amplificar su reclamo por el ajuste económico y el fallo contra Kirchner. Las vallas en la Casa Rosada y el Congreso anticipan un operativo de seguridad reforzado. Mientras tanto, el gobierno evita pronunciamientos directos, aunque vigila los movimientos de la expresidenta ante su eventual presentación en Comodoro Py.

El escenario sigue abierto: si el TOF 2 acepta el domiciliario, Kirchner evitará la cárcel; si no, su ingreso a un penal federal —aunque sea transitorio— marcaría un hito sin precedentes en la historia argentina. La decisión judicial, más que la logística de Bullrich, definirá el próximo capítulo de este choque entre política y Justicia.