Cristina Kirchner busca evitar la cárcel común y cumplir su condena de seis años en prisión domiciliaria, según un escrito de 13 páginas presentado por sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2). El pedido —realizado tras la confirmación de la sentencia por la Corte Suprema— argumenta que su detención en un penal sería incompatible con los "estándares constitucionales" y los riesgos de seguridad que enfrenta como expresidenta.

La defensa pidió que se la autorice a permanecer en su departamento de San José 1111, donde vive con su hija Florencia, sin tobillera electrónica y bajo la custodia permanente que ya tiene asignada. Sus abogados sostienen que, de ser recluida en una cárcel, requeriría un "aislamiento absoluto" por motivos de seguridad, especialmente tras el atentado que sufrió en 2022. Sin embargo, la fiscalía —representada por Diego Luciani y Sergio Mola— rechazó el planteo y exigió su "inmediata detención", considerando "excesivo" el plazo de cinco días hábiles otorgado por el juez Jorge Gorini, que incluye un feriado y un fin de semana.

El TOF 2 ahora debe resolver el conflicto: mientras la defensa insiste en que su edad (72 años) y perfil político justifican el arresto domiciliario, la acusación subraya que no hay motivos para postergar el ingreso a prisión. El Ministerio de Seguridad, por su parte, ya recibió el requerimiento para definir un lugar de detención en 24 horas, aunque todo dependerá de la decisión judicial.

El caso podría sentar un precedente sobre el tratamiento penal de altos funcionarios condenados, en medio de un clima político polarizado. Mientras Kirchner apela a garantías de seguridad, la fiscalía presiona para que cumpla la sentencia sin privilegios. La próxima semana, con el vencimiento del plazo, se espera una definición clave.