Legisladores opositores de Tucumán cuestionaron este lunes la intervención del municipio de Alberdi decretada por el gobernador Osvaldo Jaldo, exigiendo la creación de una comisión especial para fiscalizar el proceso. La medida, tomada tras revelarse audios que vincularían a funcionarios con narcotráfico y compra de votos, designó como interventor al contador Guillermo Norry.

Diputados nacionales y provinciales de la UCR, Valores por Tucumán y otros espacios denunciaron que sus alertas fueron ignoradas por años. Roberto Sánchez (UCR) mostró pruebas presentadas desde 2023, mientras José Cano (Radicalismo Federal) recordó denuncias desde 2006. "Tuvimos que llegar a audios virales para que actúen", afirmó Silvia Elías de Pérez (Valores por Tucumán), quien pidió sesión urgente en la Legislatura.

Los legisladores detallaron un patrón de impunidad en Alberdi: nepotismo (22 años de gobiernos familiares según Agustín Romano Norri), narcovínculos y persecución a concejales opositores. Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán) describió el temor de los vecinos a denunciar, mientras Manuel Courel (Cambia Tucumán) advirtió que el problema afecta a otros municipios con "sistemas feudales".

El DNU fundamenta la intervención en la "crisis institucional" y el narcotráfico, pero la oposición insiste en que no basta con cambiar autoridades. "Debe investigarse la connivencia política-judicial", exigió Cano. Alfredo Toscano (Compromiso por Tucumán) anticipó que llevarán propuestas alternativas a las elecciones del 26 de octubre.

La designación de Norry busca normalizar el municipio hasta nuevas elecciones, pero los críticos exigen auditorías profundas. "Esto no puede ser una puesta en escena", remarcó Elías de Pérez, cuyo bloque presentó un pedido formal para que la Legislatura supervise cada paso de la intervención.