El Gobierno nacional formalizó la disolución del Fondo Fiduciario Pro.Cre.Ar mediante la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial. La medida ejecuta el Decreto 1018/2024 que ordenó el cierre del programa por considerarlo una "pesada carga" para las cuentas públicas, tras auditorías de la SIGEN que detectaron demoras en entregas de viviendas, incumplimiento de convenios y falta de transparencia. Los créditos activos serán administrados por el Banco Hipotecario S.A. bajo las mismas condiciones del fideicomiso original de 2012.

El proceso de liquidación contempla la transferencia de inmuebles: aquellos no afectados a obras serán asignados a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), mientras que las propiedades aportadas inicialmente por provincias o municipios podrán ser restituidas. El Ministerio de Economía, con aval del Tribunal de Tasaciones, también podrá redistribuir unidades a gobiernos locales o institutos de vivienda. Para cubrir obligaciones pendientes, se usarán fondos de la cobranza de créditos o venta de activos, respetando el orden establecido en 2012.

La SIGEN había criticado severamente la gestión del programa, señalando fallas en controles, manuales desactualizados y reclamos por condiciones de habitabilidad. La resolución faculta al Banco Hipotecario a vender carteras con cobranza inferior al 40% de rendimiento, mientras que el servicio jurídico del Ministerio atenderá las causas judiciales derivadas del programa.

Esta decisión se enmarca en la Ley 27.742 de emergencia pública, que permite reestructurar fondos estatales para reducir el gasto público. Con la disolución, el Gobierno busca eliminar lo que calificó como "intervención estatal injustificada" en un sector que, según el decreto, corresponde al mercado financiero privado.