A partir de este 1° de junio, los empleadores del sector comercial dejaron de estar obligados a realizar aportes al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), tras la entrada en vigencia del Decreto 149/2025. La norma, firmada en marzo por el Poder Ejecutivo, elimina después de 17 años la contribución mensual de $4.725,02 por trabajador registrado, incluso cuando este no reciba capacitación alguna.

El cambio representa un alivio de $70 mil millones anuales para el sector, según cálculos basados en los 1.2 millones de trabajadores alcanzados. Desde CADAM celebraron la medida: "Los comerciantes pagábamos por una mesa donde no teníamos voz", criticando la opacidad en el manejo de los fondos por parte de los gremios empresariales que administraban el sistema.

El ministro Federico Sturzenegger destacó en redes sociales que esta desregulación se extiende a otros ocho sectores productivos, alineada con el principio de "no usar el poder coercitivo del Estado para extraer recursos". Sin embargo, las cámaras comerciales piden que la medida se convierta en ley para evitar futuras reversiones.

La eliminación del aporte compulsivo reactiva el debate sobre los mecanismos de financiamiento de la capacitación laboral. Mientras el Gobierno enfatiza el alivio fiscal para las pymes, los sindicatos empresarios deberán ahora demostrar el valor agregado de sus servicios para retener adherentes voluntarios al sistema.