El subsecretario de Políticas Universitarias afirmó que 45 de 65 rectores cobran entre $10 y $15 millones. Cuestionó la marcha hacia el Congreso y negó desfinanciamiento, atribuyendo las protestas a una estrategia opositora de desgaste.

En el Predio Ferial, funcionarios y candidatos del oficialismo participaron de la restitución de electrodomésticos a vecinos. Afiches de "Unidos por Tucumán" figuraron en el fondo del escenario.

Con la presencia de legisladores y concejales, el gobernador puso en primer plano la necesidad de fortalecer salud, educación y trabajo. El concejal Carlos Ale ratificó su apoyo a la conducción y su objetivo de ganar la Capital.

Bruno Romano (oficialismo), Carolina Rodríguez (MAP), Luis Díaz Augier (Cambia Tucumán), Pablo Nughes (LLA), Agustín Frías (Fuerza Republicana) y Julio Agudo (Pueblo Unido) son los postulantes. El oficialismo llega con una amplia coalición de acoples.

La Fundación Miguel Lillo recibirá $10.016 millones para ciencia y tecnología. El detalle provincial incluye fondos para Gendarmería, Fo.Na.Vi y compensación tarifaria, en un marco de proyección de estabilidad macroeconómica.

La Cámara alta tratará cuatro proyectos con dictamen, entre ellos, la Ley de Alerta Sofía y un endurecimiento de penas por siniestros viales. La sesión está prevista para las 11 horas.

Mientras la oposición convoca a una nueva marcha federal, el oficialismo centra su preocupación en el impacto que el resultado de la sesión podría tener en los mercados. Reconocen que las recientes transferencias a provincias podrían no ser suficientes para evitar la derrota.

La máxima para este miércoles 17 es de 30°C, con una humedad del 77% y probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche. El pronóstico del SMN anuncia un gradual aumento del calor hacia el viernes.

La protesta, que reúne a sindicatos, estudiantes y agrupaciones políticas, exige el rechazo de los vetos presidenciales a leyes clave. La sesión en Diputados y la marcha de jubilados confluyen en una jornada de alta tensión.

La iniciativa establece sanciones penales para funcionarios que incumplan el equilibrio fiscal. Requiere informes de impacto presupuestario para todos los proyectos de ley.