La posibilidad de que los bancos eludan la carga tributaria provincial más elevada del país (exceptuando a La Pampa) es ahora una realidad gracias a una reciente disposición del Banco Central. El sector financiero viene denunciando desde hace años que la alícuota del 9% en Ingresos Brutos que aplica Tucumán —igual que Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe— es “claramente abusiva” y encarece el crédito. Ahora, la Comunicación “A” 8244 del BCRA permite a las entidades radicar cuentas abiertas de forma remota en cualquier sucursal operativa del país, sin importar el domicilio del titular. Esto significa que un banco podrá asignar una cuenta abierta por un cliente tucumano a una sucursal ubicada en una provincia con menor presión fiscal, informándoselo al momento de la asignación.

El impacto potencial en las arcas de la provincia es significativo. Con casi dos tercios de las nuevas cuentas originadas de manera no presencial, las entidades financieras tienen un fuerte incentivo para optimizar su estructura impositiva y reducir costos. Para Tucumán, que según el relevamiento de Adeba difundido por el propio BCRA aplica una alícuota del 9% (solo superada por el 9,10% de La Pampa), el riesgo es doble: una merma en la recaudación del IIBB derivada de la actividad bancaria y una menor disponibilidad de crédito a tasas competitivas si los bancos concentran sus operaciones en otras jurisdicciones.

La medida, que busca mitigar la carga tributaria provincial y municipal sobre el sistema financiero, endurece la presión sobre los distritos con alícuotas elevadas. Fuentes bancarias sostienen que esta desregulación contribuirá a bajar costos y, eventualmente, a beneficiar a los usuarios con tasas de interés más bajas.

El gobierno tucumán aún no emitió declaraciones oficiales. Sin embargo, especialistas coinciden en que provincias como Tucumán, cuya economía depende de la agroindustria y el empleo formal, enfrentan un dilema: revisar su esquema impositivo para atraer actividad financiera o arriesgarse a una mayor fuga de base imponible. El debate sobre la competitividad fiscal entre provincias y su efecto en el acceso al crédito queda así reforzado.